Posts etiquetados ‘Sentencia 168-13’

SANTO DOMINGO. El pasado 23 de mayo, el Poder Ejecutivo de República Dominicana promulgó la ley 169-14, definida por la plataforma de organizaciones Dominican@s por Derecho como “un paso de avance en la búsqueda de solución a los conflictos generados por la sentencia 168-13” y la injusta situación por la que han atravesado miles de dominicanos y dominicanas, a quienes sistemáticamente instancias gubernamentales han negado o limitado el acceso a documentos de identidad que acreditan la nacionalidad.

Juliana Deguis Pierre.

Juliana Deguis Pierre.

El nuevo texto legal establece “un régimen especial en beneficio de hijos de padres y madres extranjeros no residentes, nacidos en el territorio nacional durante el período comprendido entre el 16 de junio de 1929 al 18 de abril de 2007, inscritos en los libros del Registro Civil dominicano en base a documentos no reconocidos por las normas vigentes para esos fines al momento de inscripción; y el registro de hijos de padres extranjeros en situación irregular nacidos en la República Dominicana y que no figuran inscritos en el Registro Civil”. Es decir, divide a los beneficiados en dos grupos para los cuales ofrece vías distintas de solución.

Si bien es cierto que la ley 169-14 encuentra un camino para corregir parte del drama de las personas desnacionalizadas, su correcta aplicación plantea grandes retos a fin de vencer las trabas administrativas dirigidas a dominicanos y dominicanas a los que las circulares 012 y 017, emitidas por la Junta Central Electoral, y la sentencia 168-13 que, como resume la socióloga Rosario Espinal, “ilegaliza todos los descendientes de inmigrantes indocumentados por varias generaciones (la mayoría de origen haitiano) y crea constitucionalmente una casta de segunda clase” .

En otras palabras, la población afectada se encuentra en el punto de origen: de frente a instancias que interpretan las leyes en perjuicio de los/as ciudadanos/as y a la discrecionalidad de autoridades locales para determinar la validez de su derecho aún estén amparados en la Constitución. Tal es el caso del proceso de auditoría de las actas de nacimiento, ordenado en la sentencia 168-13, que, a través de los medios de comunicación, alega el titular de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario Márquez, debe concluir antes de la devolución de documentos al primer grupo de beneficiados con la ley 169-14.

El 1 de agosto marcó un hito en la restauración del derecho a la nacionalidad para la población afectada: la JCE, después de varios intentos infructuosos, entregó a Juliana Deguis Pierre su cédula, acreditándole la ciudadanía dominicana que le corresponde por ley. Desde el 2008, la JCE tenía retenida su acta de nacimiento, a pesar de haber sido emitida por una autoridad competente y estar correctamente asentada en el registro civil dominicano. A través de un recurso de amparo, la joven solicitaba la devolución de su documento, por lo que se convirtió en símbolo de la lucha de los desnacionalizados. Su caso originó la sentencia 168-13.

Dos años después de elevar múltiples instancias judiciales en distintos tribunales dominicanos, Juliana hoy podrá ejercer sus derechos como ciudadana. Lo primero que hará con la cédula, de acuerdo a una entrevista con el periódico Hoy, es declarar a sus cuatro hijos, con edades de 13, 12, 7 y 5 años.

La sociedad civil sigue monitoreando de cerca el proceso de aplicación de la nueva Ley de Naturalización, para garantizar que sean restaurados plenamente los derechos adquiridos de la población desnacionalizada y promover una solución justa para la población nunca registrada.

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Artículo reproducido de http://www.obmica.org

Centros Sociales Jesuitas.

Centros Sociales Jesuitas.

SANTO DOMINGO. En un documento enviado al Palacio Nacional, la Red de Centros Sociales Jesuitas en República Dominicana planteó sus observaciones a la propuesta de Reglamento presentada por el Poder Ejecutivo para la aplicación de la Ley 169-14, para que las mismas sean ponderadas.

En el documento remitido al Palacio las organizaciones solicitaron la extensión del plazo establecido para que las personas destinatarias de los Capítulos II y III de la Ley 169-14, tengan un margen de tiempo mayor, entendiendo que 90 días no es un tiempo prudente para dar respuesta de manera efectiva a dicho proceso.

En ese sentido, argumentaron que según el artículo 11 de la Ley 169-14, lo contemplado en los Capítulos II y III estará vigente mientras dure la ejecución del Plan Nacional de Regularización de extranjeros que se prevé opere al menos hasta mayo del año próximo.

Asimismo, las organizaciones indican que es importante que en un plazo no mayor de 15 días luego de su promulgación, ya esté conformada la Unidad de Aplicación del Reglamento, para que toda la documentación, formularios y protocolos estén establecidos al momento de entrada en vigencia del mismo. Consideraron oportuno que se establezcan oficinas para prestar los servicios en todas las regiones del país.

Otra de las propuestas fue la de modificar el artículo 11 del Reglamento, sugiriendo que se redacte del modo que sigue: “El nacimiento en el territorio nacional de la persona comprendida en el ámbito de aplicación de la presente ley se podrá acreditar con al menos (1) de los siguientes medios de prueba”, para de esta forma dar mayor claridad al texto.

En torno a los menores de edad, sugieren modificar el párrafo del artículo 8 que hace alusión al modo de presentar solicitudes en nombre de los mismos, en ese sentido proponen: “Si el interesado es menor de edad, la solicitud será formulada por su tutor de hecho, debidamente comprobado mediante un mecanismo idóneo establecido para tal fin”, indica el documento.

Valoraron positivamente el establecimiento de los recursos administrativos de reconsideración y jerárquicos establecidos en los artículos 18 y 19 de la propuesta de Reglamento. Por su parte, propusieron la modificación del artículo 17 para facilitar el proceso de recurrir las decisiones a quienes les sea rechazada su solicitud.

En el documento, la Red de Centros Sociales Jesuitas, integrada por el Centro Bonó, Solidaridad Fronteriza, el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), y el Centro de Formación y Acción Social y Agraria (CEFASA), hizo un llamado a la Junta Central Electoral para que disponga de manera inmediata la aplicación del capítulo I de la Ley 169-14, porque si los familiares no cuentan con la documentación hábil para estos fines, a los hijos e hijas de padres extranjeros nacidos en el país, nunca inscritos, se les dificultará la inscripción al Libro de Extranjería y se les seguirían violando sus derechos.

El plazo para presentar observaciones a la propuesta de Reglamento de Aplicación de la Ley 169-14 venció el pasado viernes.

Por Juan Manuel Rosario

SANTO DOMINGO. RD. Es preocupante para cualquier dominicano ver cómo en la República Dominicana se pisotea la ley y la institucionalidad para complacer a sectores nacionales e internacionales; pero mucho más lamentable es cuando la clase política asume tal comportamiento de complacencia con el propósito de ser reconocida o aceptada por tales grupos sociales, nacionales o internacionales. Es como si estuviéramos viviendo la etapa del vedettismo político, predominando el afán de reconocimiento y donde se quiere estar bien con todo el mundo, como si cada vez más tomara cuerpo el comportamiento caracterizado por una baja autoestima política, cada quien anda buscando la anuencia de todo el mundo para actuar.

Juan Manuel Rosario.

Juan Manuel Rosario.

Se ha impuesto la ley de “estar bien con todo el mundo”, “decir sí a todo” para ser “aceptado por todos”; a eso se le llama “inteligencia social o emocional”; es como dejar de ser “yo”, empeñar la personalidad social o política para recibir la anuencia de todos; eso es ser diplomático, global, miembro de la era de Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Caramba! Se les olvidó que para ser global primero hay que ser local; la única forma de ser admirado y respetado en la aldea global, es siendo original dentro de la aldea propia.

Ya manifesté en momentos anteriores que la ley 169-14 que establece un régimen especial para personas nacidas en el territorio nacional inscritas irregularmente en el registro civil dominicano y sobre naturalización contraviene la Constitución de la República Dominicana, y muy particularmente la sentencia 168-13, cuando establece en su artículo 2 que la Junta Central Electoral procederá a regularizar o transcribir las actas de nacimiento de las personas que sin corresponderles la nacionalidad dominicana habían obtenido un documento que les acreditaba como tales. El artículo 2 de la ley 169-14, incluso se llama “Regularización”, precisamente porque los que redactaron esa ley y quienes la aprobaron entienden que esas personas a las que hemos hecho referencia se les debe reconocer la nacionalidad a través de la regularización, no de la naturalización.

Si ya el Tribunal Constitucional, actuando conforme a lo dispuesto en la Constitución de la República, estableció que esas personas no eran dominicanas, ¿puede una ley reconocerlas como tales mediante la regularización? Claro que no, sería poner una ley por encima de la Constitución de la República, e inhabilitando la sentencia 168-13.

Es doloroso y lamentable que en la República Dominicana sectores que hacen opinión pública se prestaran a justificar ese artículo alegando que el mismo estaba conforme a la Constitución, cuando es más que obvio que no es así.

Por esa razón entendía que el reglamento que planteaba la Ley 169-14 podía hacer algunas correcciones en tal sentido, y no lo hizo. La ley 169-14, en el artículo 8 se refiere a la naturalización de los hijos de extranjeros nacidos en la República Dominicana: establece que todos los hijos de extranjeros que nacieron en la República Dominicana deben registrarse en el libro para tales fines, y conforme se registren se le otorgará una de las categorías migratorias consignadas en la ley 285-04 sobre migración. ¿Puede un extranjero que adquiera cualquiera de las categorías migratorias establecidas en las leyes dominicanas sobre la materia naturalizarse dos años después de la adquisición de la misma? No. ¿Por qué no puede naturalizarse con cualquiera de las categorías migratorias? Porque solamente el extranjero que haya obtenido una residencia emitida por la Dirección General de Migración, y que tenga dos años de residencia en la República Dominicana, puede beneficiarse de la naturalización; por lo que el reglamento de la ley 169-14 debe corregir el artículo 20 del reglamento, que se refiere al procedimiento de naturalización, y establecer que solo aquel hijo de extranjero que adquiera una Residencia en el proceso de regularización, puede optar dos años después por la naturalización.

Muchas personas no tienen idea de lo que está sucediendo en la República Dominicana. Alguien se ha preguntado cuántos hijos de extranjeros nacieron en el territorio de la república, conforme lo que dice la encuesta de inmigrantes en la República Dominicana? Tal como lo establece el referido “estudio” sólo hijos de nacionales haitianos hay 209,000 personas que nacieron en el territorio de la república. ¿Califican todos esos hijos de extranjeros para ser beneficiados con una residencia dominicana? ¿Se está tomando en cuenta el nivel de arraigo que establece la ley de migración para poder ser regularizado y la categoría que le corresponde?

No se está siendo fiel a lo que establece el derecho dominicano, solo se actúa de cara a la complacencia, sin importarles el interés general de la república; lo que se está debatiendo en la República Dominicana no es si son inmigrantes o no; sino, la obligatoriedad de respetar la institucionalidad y las leyes dominicanas, y que quienes administran justicia actúen fiel a las normas jurídicas, sin sesgo antiinmigrante, ni con prejuicios anti dominicanos.

¿Alguien se ha preguntado, de los 524,000 extranjeros, según la referida “encuesta” que están supuesto a regularizarse, cual categoría migratoria le correspondería? De nacionalidad haitiana son 458,000 extranjeros; en el caso hipotético de que esos extranjeros en el proceso de regularización, inobservando el tiempo de arraigo que establece la ley de migración, adquieran una residencia dominicana, significa que dos años después los mismos podrían naturalizarse; o sea, que dos años después tendríamos más de medio millón de nuevos dominicanos por naturalización; sin incluir los más de 200 mil hijos de extranjeros nacidos en la República Dominicana sin corresponderle la nacionalidad dominicana, que dos años después podrían naturalizarse.

Siguiendo con la hipótesis, eso quiere decir que dos años después la República Dominicana podría llegar a tener más de 700 mil nuevos dominicanos. Claro está, esto sucedería si se sigue actuando de espalda a lo que establecen nuestras leyes y la institucionalidad de la República Dominicana, si no se toman y tomaren las previsiones jurídicas necesarias. Todos los extranjeros que se encuentren de manera irregular o ilegal en el territorio de la república, deben someterse al plan de regularización, pero siempre observando los principios fundamentales de la Constitución y las leyes dominicanas.

¿Por qué me refiero a esa hipótesis? Porque es la real pretensión de quienes se han aglutinados alrededor de desconocer la sentencia 168-13 y a la Constitución Dominicana.

Cada día más la actitud asumida por quienes dirigen, desde el punto de vista político, empresarial, organizaciones no gubernamentales, militar, comunicacional…, a la República Dominicana deteriora de manera progresiva la autoestima, el amor propio de los dominicanos, despersonalizando el perfil de la dominicanidad, y todo esto en nombre de una supuesta práctica moderna y globalizante.

¿Quién o quienes dejaron entrar más de medio millos de extranjeros en condición de ilegalidad al territorio dominicano? ¿Los que hoy dicen que son garantes de no permitir el ingreso irregular de extranjeros al territorio dominicano?

Por esa razón siempre he insistido en que el principal muro que debe establecerse en la República Dominicana es el jurídico, sin obviar la posibilidad del físico, siempre y cuando este último sea justificado mediante un estudio de factibilidad que establezca la viabilidad del mismo; ya que hemos visto cómo se ha pretendido derogar las disposiciones constitucionales sobre el régimen de extranjería y nacionalidad a través de leyes y reglamentos intencionalmente redactados para minimizar los efectos y alcances jurídicos de la Constitución y la institucionalidad dominicana.

Así pues que resulta de gran significación que en la República Dominicana se genere un gran debate sobre lo concerniente a la nacionalidad y los aspectos migratorios, aunque lo mismo implique motorizar una consulta nacional o un referéndum, si fuere necesario, para que la sociedad dominicana determine su presente y futuro como Estado.