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Medios y periodistas han tergiversado la información, al publicar que el Estado dominicano ha sido acusado ant la CIDH

foto 2 (1)SANTO DOMINGO.- El Centro Bonó, junto a otras organizaciones de la sociedad civil que integran la plataforma Dominican@s x Derecho, aclaró que la solicitud de audiencia temática solicitada por ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no consiste en una acusación contra el Estado dominicano ni ninguno de sus funcionarios públicos en particular.

La CIDH es un órgano de la Organización de Estados Americanos (OEA) creado para promover la observancia y defensa de los derechos humanos en todo el continente americano. Para tal propósito cuenta con la facultad de solicitar a los gobiernos de los Estados que le proporcionen informes sobre las medidas que adopten en materia de derechos humanos.

La más relevante medida adoptada recientemente por los poderes públicos de la República Dominicana en materia de derechos humanos lo constituye la Ley 169-14, del 23 de mayo de 2014, que establece un régimen especial para personas nacidas en el país, hijos e hijas de extranjeros en situación migratoria irregular y sobre naturalización.

En tal sentido, en ocasión del 153º período de sesiones que celebrará la CIDH del 23 de octubre al 13 de noviembre del presente año, en su sede en Washington D.C., el Centro Bonó como parte interesada, dentro de la plataforma de Dominican@s x Derecho, solicitó una audiencia temática a los fines de invitar al Estado dominicano a un espacio de diálogo en el que se puedan dilucidar los límites, obstáculos y trabas que se han identificado en el contenido y aplicación de la Ley 169-14.

La audiencia temática fue concedida y pautada para el próximo viernes 31 de octubre, a las 2:00 pm., en la sede de la OEA, y constituye el espacio idóneo para que la CIDH reciba de parte del Estado dominicano los informes relativos a la aplicación de la Ley 169-14 y sus efectos respecto a la situación en que viven las personas afectadas por la Sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional. Todo ello con el propósito ulterior de salvaguardar a esta población el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales garantizados por nuestra Constitución y la Convención Americana de Derechos Humanos.

Finalmente, el Centro Bonó exhortó a los diferentes sectores de la vida nacional a no dejarse manipular por voces que tergiversan la información con una actitud irresponsable que persigue perpetuar un conflicto que debió concluir con la correcta aplicación de Ley 169-14, si hubiera sido aplicada de buena fe por las autoridades correspondientes.

“Las Oficialías del Estado Civil, los funcionarios de la JCE y las autoridades de Pasaportes, siguen sistemáticamente renuentes a reconocer la validez de las actas de nacimiento y la dominicanidad de hijos e hijas de extranjeros nacidos en este territorio”, afirma DxD

Participantes en la parada cívica.

Participantes en la parada cívica.

SANTO DOMINGO.- La coalición de organizaciones “Dominican@s x Derecho” realizó este martes una parada cívica contra la discriminación frente a las instalaciones del Tribunal Constitucional (TC), para expresar su luto al conmemorarse el primer aniversario de la sentencia 168-13.

Con pancartas en las manos, cientos de manifestantes expresaban su dolor contra el fallo que vulneró los derechos fundamentales de las dominicanas y los dominicanos de ascendencia haitiana nacidos en el territorio desde el 1929, al despojarlos retroactivamente de su nacionalidad. En los carteles levantados en esta parada cívica se resaltaban algunos de los más de 15 artículos que el TC transgredió, tales como los que dictan que la Ley no tiene efecto retroactivo y que el Estado debe garantizar el respeto a la dignidad humana, la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales.

En el comunicado entregado a las autoridades del TC, se señala que “el 23 de septiembre de 2013 pasará a la historia dominicana reciente como aquel día gris en que el TC retrotrajo al país a períodos anteriores a la configuración del Estado de Derecho y al reconocimiento de los más básicos derechos fundamentales”. Asimismo indicaron que el objetivo de la jornada de luto es el de “confirmar su profunda convicción de seguir luchando hasta que se superen todos los daños causados por esa oprobiosa sentencia y avanzar en la construcción de una sociedad más justa, donde todas las personas tengan la oportunidad de ejercer plenamente sus derechos y desarrollar todas sus potencialidades”.

Dominican@s x Derecho también denunció que amparándose en la sentencia 168-13 “las Oficialías del Estado Civil, los funcionarios de la Junta Central Electoral y las autoridades de Pasaportes, siguen sistemáticamente renuentes a reconocer la validez de las actas de nacimiento y la dominicanidad de hijos e hijas de extranjeros nacidos en este territorio”.

“La negación de las copias certificadas de sus actas de nacimiento, la negativa a expedir y/o renovar sus cédulas de identidad y electoral, la imposibilidad de contraer matrimonio y de inscribir y registrar sus hijos e hijas en el registro civil, la negativa a expedir pasaportes, con contadas excepciones, sigue siendo la práctica habitual y sistemática de dichas instituciones hasta la fecha”, afirmaron las organizaciones manifestantes frente al TC.

Sobre Dominican@s x Derecho. Es el grupo de organizaciones y personas que reivindican los derechos de los dominicanos y dominicanas de ascendencia extranjera afectados por la Sentencia 168-13 dictada por el Tribunal Constitucional (TC) de la República Dominicana.

Dominican@s por Derecho: JCE trata a beneficiarios de ley 169-14 como ciudadanos de segunda

Afectados Sentencia 168-13SANTO DOMINGO. La Plataforma Dominican@s por Derecho consideró como negativas las señales enviadas desde las distintas instancias estatales involucradas en la aplicación de la Ley 169-14, que establece un régimen especial para personas nacidas en República Dominicana inscritas en el registro civil y sobre naturalización, lo que aseguran compromete el éxito del proceso e irrespeta el elevado nivel de consenso alcanzado.

“El gobierno dominicano promueve la solución definitiva a la problemática del acceso a los documentos de identidad, sin embargo, en la práctica esta población sigue afectada por instancias que acatan la sentencia desnacionalizadora, actúan con negligencia y absoluta discrecionalidad”, dijo Rosa Iris Diendom, quien habló en representación del grupo, durante un encuentro en el Restaurant Vizcaya.

Para el colectivo de organizaciones que trabajan en el acompañamiento de dominican@s afectad@s por la sentencia 168-13, a pesar de la ley continúan las violaciones a los derechos fundamentales y las trabas administrativas que “impone al primer grupo de beneficiarios la Junta Central Electoral, instancia que sigue negando documentos o dilatando su entrega, bajo el alegato de agotar trámites, sin establecer procedimientos claros”.

En el comunicado entregado a la prensa, la Plataforma definió la auditoría del Registro Civil y transcripción de actas de nacimiento como un acto de segregación, caracterizado por la “burocracia, lentitud y desinformación” lo que evidencia que para la JCE los beneficiarios de la ley 169-14 son ciudadanos de segunda categoría.

La técnica legal Jenny Morón, otra de las voceras del encuentro, instó a la Junta Central Electoral a emitir una circular o protocolo de atención al usuario amparado en la ley 169-14, que permita a las oficialías brindar una correcta atención a los beneficiarios que gestionan sus documentos y demandan información.

“El gobierno dominicano debe ser garante de la correcta aplicación de la ley y el reglamento, enfrentando las diversas formas de exclusión, incertidumbre jurídica y el peligro de la apatridia que amenaza la vida de la población afectada. Desconocer el mandato de la nueva norma legal o reinterpretarla para lesionar aún más la vida de dominicanos que llevan años luchando por la restitución plena de sus derechos, coloca al país en un vergonzoso camino, confiere un aval estatal al trato discriminatorio hacia poblaciones vulnerables”, concluye el colectivo.

Dominicanos por Derecho es una plataforma de organizaciones y personas que reivindican los derechos de los dominicanos y dominicanas de ascendencia extranjera afectados por la Sentencia 168-13.