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“Las Oficialías del Estado Civil, los funcionarios de la JCE y las autoridades de Pasaportes, siguen sistemáticamente renuentes a reconocer la validez de las actas de nacimiento y la dominicanidad de hijos e hijas de extranjeros nacidos en este territorio”, afirma DxD

Participantes en la parada cívica.

Participantes en la parada cívica.

SANTO DOMINGO.- La coalición de organizaciones “Dominican@s x Derecho” realizó este martes una parada cívica contra la discriminación frente a las instalaciones del Tribunal Constitucional (TC), para expresar su luto al conmemorarse el primer aniversario de la sentencia 168-13.

Con pancartas en las manos, cientos de manifestantes expresaban su dolor contra el fallo que vulneró los derechos fundamentales de las dominicanas y los dominicanos de ascendencia haitiana nacidos en el territorio desde el 1929, al despojarlos retroactivamente de su nacionalidad. En los carteles levantados en esta parada cívica se resaltaban algunos de los más de 15 artículos que el TC transgredió, tales como los que dictan que la Ley no tiene efecto retroactivo y que el Estado debe garantizar el respeto a la dignidad humana, la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales.

En el comunicado entregado a las autoridades del TC, se señala que “el 23 de septiembre de 2013 pasará a la historia dominicana reciente como aquel día gris en que el TC retrotrajo al país a períodos anteriores a la configuración del Estado de Derecho y al reconocimiento de los más básicos derechos fundamentales”. Asimismo indicaron que el objetivo de la jornada de luto es el de “confirmar su profunda convicción de seguir luchando hasta que se superen todos los daños causados por esa oprobiosa sentencia y avanzar en la construcción de una sociedad más justa, donde todas las personas tengan la oportunidad de ejercer plenamente sus derechos y desarrollar todas sus potencialidades”.

Dominican@s x Derecho también denunció que amparándose en la sentencia 168-13 “las Oficialías del Estado Civil, los funcionarios de la Junta Central Electoral y las autoridades de Pasaportes, siguen sistemáticamente renuentes a reconocer la validez de las actas de nacimiento y la dominicanidad de hijos e hijas de extranjeros nacidos en este territorio”.

“La negación de las copias certificadas de sus actas de nacimiento, la negativa a expedir y/o renovar sus cédulas de identidad y electoral, la imposibilidad de contraer matrimonio y de inscribir y registrar sus hijos e hijas en el registro civil, la negativa a expedir pasaportes, con contadas excepciones, sigue siendo la práctica habitual y sistemática de dichas instituciones hasta la fecha”, afirmaron las organizaciones manifestantes frente al TC.

Sobre Dominican@s x Derecho. Es el grupo de organizaciones y personas que reivindican los derechos de los dominicanos y dominicanas de ascendencia extranjera afectados por la Sentencia 168-13 dictada por el Tribunal Constitucional (TC) de la República Dominicana.

Dominican@s por Derecho: JCE trata a beneficiarios de ley 169-14 como ciudadanos de segunda

Afectados Sentencia 168-13SANTO DOMINGO. La Plataforma Dominican@s por Derecho consideró como negativas las señales enviadas desde las distintas instancias estatales involucradas en la aplicación de la Ley 169-14, que establece un régimen especial para personas nacidas en República Dominicana inscritas en el registro civil y sobre naturalización, lo que aseguran compromete el éxito del proceso e irrespeta el elevado nivel de consenso alcanzado.

“El gobierno dominicano promueve la solución definitiva a la problemática del acceso a los documentos de identidad, sin embargo, en la práctica esta población sigue afectada por instancias que acatan la sentencia desnacionalizadora, actúan con negligencia y absoluta discrecionalidad”, dijo Rosa Iris Diendom, quien habló en representación del grupo, durante un encuentro en el Restaurant Vizcaya.

Para el colectivo de organizaciones que trabajan en el acompañamiento de dominican@s afectad@s por la sentencia 168-13, a pesar de la ley continúan las violaciones a los derechos fundamentales y las trabas administrativas que “impone al primer grupo de beneficiarios la Junta Central Electoral, instancia que sigue negando documentos o dilatando su entrega, bajo el alegato de agotar trámites, sin establecer procedimientos claros”.

En el comunicado entregado a la prensa, la Plataforma definió la auditoría del Registro Civil y transcripción de actas de nacimiento como un acto de segregación, caracterizado por la “burocracia, lentitud y desinformación” lo que evidencia que para la JCE los beneficiarios de la ley 169-14 son ciudadanos de segunda categoría.

La técnica legal Jenny Morón, otra de las voceras del encuentro, instó a la Junta Central Electoral a emitir una circular o protocolo de atención al usuario amparado en la ley 169-14, que permita a las oficialías brindar una correcta atención a los beneficiarios que gestionan sus documentos y demandan información.

“El gobierno dominicano debe ser garante de la correcta aplicación de la ley y el reglamento, enfrentando las diversas formas de exclusión, incertidumbre jurídica y el peligro de la apatridia que amenaza la vida de la población afectada. Desconocer el mandato de la nueva norma legal o reinterpretarla para lesionar aún más la vida de dominicanos que llevan años luchando por la restitución plena de sus derechos, coloca al país en un vergonzoso camino, confiere un aval estatal al trato discriminatorio hacia poblaciones vulnerables”, concluye el colectivo.

Dominicanos por Derecho es una plataforma de organizaciones y personas que reivindican los derechos de los dominicanos y dominicanas de ascendencia extranjera afectados por la Sentencia 168-13.

SANTO DOMINGO. El pasado 23 de mayo, el Poder Ejecutivo de República Dominicana promulgó la ley 169-14, definida por la plataforma de organizaciones Dominican@s por Derecho como “un paso de avance en la búsqueda de solución a los conflictos generados por la sentencia 168-13” y la injusta situación por la que han atravesado miles de dominicanos y dominicanas, a quienes sistemáticamente instancias gubernamentales han negado o limitado el acceso a documentos de identidad que acreditan la nacionalidad.

Juliana Deguis Pierre.

Juliana Deguis Pierre.

El nuevo texto legal establece “un régimen especial en beneficio de hijos de padres y madres extranjeros no residentes, nacidos en el territorio nacional durante el período comprendido entre el 16 de junio de 1929 al 18 de abril de 2007, inscritos en los libros del Registro Civil dominicano en base a documentos no reconocidos por las normas vigentes para esos fines al momento de inscripción; y el registro de hijos de padres extranjeros en situación irregular nacidos en la República Dominicana y que no figuran inscritos en el Registro Civil”. Es decir, divide a los beneficiados en dos grupos para los cuales ofrece vías distintas de solución.

Si bien es cierto que la ley 169-14 encuentra un camino para corregir parte del drama de las personas desnacionalizadas, su correcta aplicación plantea grandes retos a fin de vencer las trabas administrativas dirigidas a dominicanos y dominicanas a los que las circulares 012 y 017, emitidas por la Junta Central Electoral, y la sentencia 168-13 que, como resume la socióloga Rosario Espinal, “ilegaliza todos los descendientes de inmigrantes indocumentados por varias generaciones (la mayoría de origen haitiano) y crea constitucionalmente una casta de segunda clase” .

En otras palabras, la población afectada se encuentra en el punto de origen: de frente a instancias que interpretan las leyes en perjuicio de los/as ciudadanos/as y a la discrecionalidad de autoridades locales para determinar la validez de su derecho aún estén amparados en la Constitución. Tal es el caso del proceso de auditoría de las actas de nacimiento, ordenado en la sentencia 168-13, que, a través de los medios de comunicación, alega el titular de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario Márquez, debe concluir antes de la devolución de documentos al primer grupo de beneficiados con la ley 169-14.

El 1 de agosto marcó un hito en la restauración del derecho a la nacionalidad para la población afectada: la JCE, después de varios intentos infructuosos, entregó a Juliana Deguis Pierre su cédula, acreditándole la ciudadanía dominicana que le corresponde por ley. Desde el 2008, la JCE tenía retenida su acta de nacimiento, a pesar de haber sido emitida por una autoridad competente y estar correctamente asentada en el registro civil dominicano. A través de un recurso de amparo, la joven solicitaba la devolución de su documento, por lo que se convirtió en símbolo de la lucha de los desnacionalizados. Su caso originó la sentencia 168-13.

Dos años después de elevar múltiples instancias judiciales en distintos tribunales dominicanos, Juliana hoy podrá ejercer sus derechos como ciudadana. Lo primero que hará con la cédula, de acuerdo a una entrevista con el periódico Hoy, es declarar a sus cuatro hijos, con edades de 13, 12, 7 y 5 años.

La sociedad civil sigue monitoreando de cerca el proceso de aplicación de la nueva Ley de Naturalización, para garantizar que sean restaurados plenamente los derechos adquiridos de la población desnacionalizada y promover una solución justa para la población nunca registrada.

Para más información acerca del Derecho a la nacionalidad, entra aquí

Artículo reproducido de http://www.obmica.org