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Dominican@s por Derecho: JCE trata a beneficiarios de ley 169-14 como ciudadanos de segunda

Afectados Sentencia 168-13SANTO DOMINGO. La Plataforma Dominican@s por Derecho consideró como negativas las señales enviadas desde las distintas instancias estatales involucradas en la aplicación de la Ley 169-14, que establece un régimen especial para personas nacidas en República Dominicana inscritas en el registro civil y sobre naturalización, lo que aseguran compromete el éxito del proceso e irrespeta el elevado nivel de consenso alcanzado.

“El gobierno dominicano promueve la solución definitiva a la problemática del acceso a los documentos de identidad, sin embargo, en la práctica esta población sigue afectada por instancias que acatan la sentencia desnacionalizadora, actúan con negligencia y absoluta discrecionalidad”, dijo Rosa Iris Diendom, quien habló en representación del grupo, durante un encuentro en el Restaurant Vizcaya.

Para el colectivo de organizaciones que trabajan en el acompañamiento de dominican@s afectad@s por la sentencia 168-13, a pesar de la ley continúan las violaciones a los derechos fundamentales y las trabas administrativas que “impone al primer grupo de beneficiarios la Junta Central Electoral, instancia que sigue negando documentos o dilatando su entrega, bajo el alegato de agotar trámites, sin establecer procedimientos claros”.

En el comunicado entregado a la prensa, la Plataforma definió la auditoría del Registro Civil y transcripción de actas de nacimiento como un acto de segregación, caracterizado por la “burocracia, lentitud y desinformación” lo que evidencia que para la JCE los beneficiarios de la ley 169-14 son ciudadanos de segunda categoría.

La técnica legal Jenny Morón, otra de las voceras del encuentro, instó a la Junta Central Electoral a emitir una circular o protocolo de atención al usuario amparado en la ley 169-14, que permita a las oficialías brindar una correcta atención a los beneficiarios que gestionan sus documentos y demandan información.

“El gobierno dominicano debe ser garante de la correcta aplicación de la ley y el reglamento, enfrentando las diversas formas de exclusión, incertidumbre jurídica y el peligro de la apatridia que amenaza la vida de la población afectada. Desconocer el mandato de la nueva norma legal o reinterpretarla para lesionar aún más la vida de dominicanos que llevan años luchando por la restitución plena de sus derechos, coloca al país en un vergonzoso camino, confiere un aval estatal al trato discriminatorio hacia poblaciones vulnerables”, concluye el colectivo.

Dominicanos por Derecho es una plataforma de organizaciones y personas que reivindican los derechos de los dominicanos y dominicanas de ascendencia extranjera afectados por la Sentencia 168-13.

SANTO DOMINGO. El pasado 23 de mayo, el Poder Ejecutivo de República Dominicana promulgó la ley 169-14, definida por la plataforma de organizaciones Dominican@s por Derecho como “un paso de avance en la búsqueda de solución a los conflictos generados por la sentencia 168-13” y la injusta situación por la que han atravesado miles de dominicanos y dominicanas, a quienes sistemáticamente instancias gubernamentales han negado o limitado el acceso a documentos de identidad que acreditan la nacionalidad.

Juliana Deguis Pierre.

Juliana Deguis Pierre.

El nuevo texto legal establece “un régimen especial en beneficio de hijos de padres y madres extranjeros no residentes, nacidos en el territorio nacional durante el período comprendido entre el 16 de junio de 1929 al 18 de abril de 2007, inscritos en los libros del Registro Civil dominicano en base a documentos no reconocidos por las normas vigentes para esos fines al momento de inscripción; y el registro de hijos de padres extranjeros en situación irregular nacidos en la República Dominicana y que no figuran inscritos en el Registro Civil”. Es decir, divide a los beneficiados en dos grupos para los cuales ofrece vías distintas de solución.

Si bien es cierto que la ley 169-14 encuentra un camino para corregir parte del drama de las personas desnacionalizadas, su correcta aplicación plantea grandes retos a fin de vencer las trabas administrativas dirigidas a dominicanos y dominicanas a los que las circulares 012 y 017, emitidas por la Junta Central Electoral, y la sentencia 168-13 que, como resume la socióloga Rosario Espinal, “ilegaliza todos los descendientes de inmigrantes indocumentados por varias generaciones (la mayoría de origen haitiano) y crea constitucionalmente una casta de segunda clase” .

En otras palabras, la población afectada se encuentra en el punto de origen: de frente a instancias que interpretan las leyes en perjuicio de los/as ciudadanos/as y a la discrecionalidad de autoridades locales para determinar la validez de su derecho aún estén amparados en la Constitución. Tal es el caso del proceso de auditoría de las actas de nacimiento, ordenado en la sentencia 168-13, que, a través de los medios de comunicación, alega el titular de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario Márquez, debe concluir antes de la devolución de documentos al primer grupo de beneficiados con la ley 169-14.

El 1 de agosto marcó un hito en la restauración del derecho a la nacionalidad para la población afectada: la JCE, después de varios intentos infructuosos, entregó a Juliana Deguis Pierre su cédula, acreditándole la ciudadanía dominicana que le corresponde por ley. Desde el 2008, la JCE tenía retenida su acta de nacimiento, a pesar de haber sido emitida por una autoridad competente y estar correctamente asentada en el registro civil dominicano. A través de un recurso de amparo, la joven solicitaba la devolución de su documento, por lo que se convirtió en símbolo de la lucha de los desnacionalizados. Su caso originó la sentencia 168-13.

Dos años después de elevar múltiples instancias judiciales en distintos tribunales dominicanos, Juliana hoy podrá ejercer sus derechos como ciudadana. Lo primero que hará con la cédula, de acuerdo a una entrevista con el periódico Hoy, es declarar a sus cuatro hijos, con edades de 13, 12, 7 y 5 años.

La sociedad civil sigue monitoreando de cerca el proceso de aplicación de la nueva Ley de Naturalización, para garantizar que sean restaurados plenamente los derechos adquiridos de la población desnacionalizada y promover una solución justa para la población nunca registrada.

Para más información acerca del Derecho a la nacionalidad, entra aquí

Artículo reproducido de http://www.obmica.org

Centros Sociales Jesuitas.

Centros Sociales Jesuitas.

SANTO DOMINGO. En un documento enviado al Palacio Nacional, la Red de Centros Sociales Jesuitas en República Dominicana planteó sus observaciones a la propuesta de Reglamento presentada por el Poder Ejecutivo para la aplicación de la Ley 169-14, para que las mismas sean ponderadas.

En el documento remitido al Palacio las organizaciones solicitaron la extensión del plazo establecido para que las personas destinatarias de los Capítulos II y III de la Ley 169-14, tengan un margen de tiempo mayor, entendiendo que 90 días no es un tiempo prudente para dar respuesta de manera efectiva a dicho proceso.

En ese sentido, argumentaron que según el artículo 11 de la Ley 169-14, lo contemplado en los Capítulos II y III estará vigente mientras dure la ejecución del Plan Nacional de Regularización de extranjeros que se prevé opere al menos hasta mayo del año próximo.

Asimismo, las organizaciones indican que es importante que en un plazo no mayor de 15 días luego de su promulgación, ya esté conformada la Unidad de Aplicación del Reglamento, para que toda la documentación, formularios y protocolos estén establecidos al momento de entrada en vigencia del mismo. Consideraron oportuno que se establezcan oficinas para prestar los servicios en todas las regiones del país.

Otra de las propuestas fue la de modificar el artículo 11 del Reglamento, sugiriendo que se redacte del modo que sigue: “El nacimiento en el territorio nacional de la persona comprendida en el ámbito de aplicación de la presente ley se podrá acreditar con al menos (1) de los siguientes medios de prueba”, para de esta forma dar mayor claridad al texto.

En torno a los menores de edad, sugieren modificar el párrafo del artículo 8 que hace alusión al modo de presentar solicitudes en nombre de los mismos, en ese sentido proponen: “Si el interesado es menor de edad, la solicitud será formulada por su tutor de hecho, debidamente comprobado mediante un mecanismo idóneo establecido para tal fin”, indica el documento.

Valoraron positivamente el establecimiento de los recursos administrativos de reconsideración y jerárquicos establecidos en los artículos 18 y 19 de la propuesta de Reglamento. Por su parte, propusieron la modificación del artículo 17 para facilitar el proceso de recurrir las decisiones a quienes les sea rechazada su solicitud.

En el documento, la Red de Centros Sociales Jesuitas, integrada por el Centro Bonó, Solidaridad Fronteriza, el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), y el Centro de Formación y Acción Social y Agraria (CEFASA), hizo un llamado a la Junta Central Electoral para que disponga de manera inmediata la aplicación del capítulo I de la Ley 169-14, porque si los familiares no cuentan con la documentación hábil para estos fines, a los hijos e hijas de padres extranjeros nacidos en el país, nunca inscritos, se les dificultará la inscripción al Libro de Extranjería y se les seguirían violando sus derechos.

El plazo para presentar observaciones a la propuesta de Reglamento de Aplicación de la Ley 169-14 venció el pasado viernes.