Frente Amplio dice con Ley de Partidos el PLD sigue trama de controlar el poder “A la mala”

Logo del Frente Amplio.
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SANTO DOMINGO. Aprobar una ley de partidos a su medida, abusar de los recursos del Estado y encubrir todos los casos graves de corrupción y narcotráfico son partes inseparables de la trama peledeísta por seguir en el poder 30 años más incluso “a la mala”, ante la evidente declinación de su influencia política.

El planteamiento fue hecho por el presidente y candidato del Frente Amplio, Fidel Santana, y Dionisio Rodríguez Restituyo, secretario general y delegado ante la Junta Central Electoral por la misma organización, quienes advirtieron que solo una amplia unidad de la oposición y diversos sectores de la sociedad puede frenar las ambiciones del PLD.

“No es extraño que por esas razones el presidente de la República no mencionara el tema de la corrupción en su discurso de rendición de cuentas del recién pasado 27 de Febrero, a pesar de que el enjuiciado senador Félix Bautista, secretario de organización de su propio partido, llamara irresponsable al procurador Francisco Domínguez, quien cumple órdenes del mismo Danilo Medina para actuar en la pugna por el poder de los dos grupos peledeístas”, explicaron Fidel Santana y Rodríguez Restituyo.

El Frente Amplio, otros partidos y organizaciones empresariales, gremiales y otras han insistido en la necesidad de que se debata ampliamente y apruebe primero la Ley Electoral, por su importancia en la regulación de todo el proceso y del organismo rector, la JCE, pero el PLD ha rechazado la búsqueda de un consenso político y descaradamente quiere imponer lo que le conviene, incluso violentando la Constitución de la República, dijeron los máximos dirigentes del Frente Amplio.

“A esto se agrega todo el ambiente de confusión política creado a propósito por los dirigentes del PLD para volver a una situación política parecida a la del años 1994, cuando se confabularon con los reformistas para impedir el triunfo de una opción democrática y progresista encabezada por José Francisco Peña Gómez.

“Entre los hechos de aquella de aquella, parecidos a los de hoy, se pueden citar:

“El 16 de mayo del 1994 fueron los últimos comicios en que se eligieron todos los cargos en un mismo día y se produjo un fraude electoral, antecedido de otro fraude en 1990. Entre 1990 y 1994 ocurrieron acontecimientos que hoy parecen repetirse, con las peculiaridades del momento:

a) La crisis en Haití y las deportaciones masivas de nacionales de ese país que el Dr. Balaguer ordenó mediante el decreto 233-92, lo que contribuyó a que cayera el gobierno de Jean Bertrand Aristide y los “nacionalistas” volvieron a la carga;

b) Cambio de cédula, se dictó la Ley 8-92, que pasaba el registro civil a la Junta Central Electoral y se unificó en un solo documento la cédula de identidad y el carné electoral, que se denominó cédula de identidad y electora;

c) El PRD fue dividido y Pena Gómez acusado de orquestar un plan de unificar la isla, hasta un video se utilizó contra él, supuestamente en una sesión de vudú;

d) Miles de dominicanos fueron sacados del padrón electoral, muchos acusados de haitianos y otros sencillamente fueron eliminados del padrón de electores, lo que les impidió ejercer el sufragio; así se pudo consumar el gran fraude del 1994, que produjo una crisis..”.

Fidel Santana y Rodríguez Restituyo concluyeron que solo una firme voluntaria unitaria de la oposición y de diversas agrupaciones puede enfrentar y derrotar las desmedidas ambiciones peledeístas de quedarse con el poder a cualquier precio.

En mayo del 2016, vamos a elegir el presidente y vicepresidente (a) de la República, senadores (as), diputados (incluyendo los nacionales, del exterior y al Parlamento Centroamericano), alcaldes y vicealcaldes, regidores y suplentes, directores (as) y vocales de los distritos municipales. En total, hasta la fecha está previsto escoger 4,200 personas, aunque habrá que esperar hasta mayo para saber la cifra exacta, este un número aproximado.

Vamos a realizar unas elecciones que inician una nueva época política con un instrumento legal obsoleto, como es la Ley Electoral 275-97. Esta legislación está desfasada, no solo porque fue fruto de un acuerdo político que originó la crisis del 1994, sino porque la misma no se ajusta a la actual Constitución de la República que incluye una serie de principios que no están contemplados en la ley actual, promulgada en el 1997.

Tan solo que nos llamemos Estado Social, Democrático y de Derecho (art. 7 de la Constitución) merece que esa condición esté planteada en la Ley Electoral. Más aún, deben estar conceptos como soberanía popular y dignidad humana, como fundamento de la Constitución; la protección efectiva de los derechos de los electores ( art. 8), los derechos de la ciudadanía (art. 22), el derecho a la igualdad (art. 39), la tutela judicial efectiva, (art. 68.10), el principio de razonabilidad y las garantías fundamentales.

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