Comunicado de la Colectiva Mujer y Salud en el Día Mundial de la Salud

7 abril, 2015 at 22:10 Deja un comentario

logo_colectivaSANTO DOMINGO. Entre todos los indicadores sociales, los relativos a la salud son los que menos evidencian los avances registrados últimamente por el país en el ranking de desarrollo humano de las Naciones Unidas. Nuestros índices de mortalidad materna, mortalidad infantil, cesáreas, embarazo adolescente y otros, permanecen por encima del promedio para América Latina y siguen superando lo esperado para un país con nuestros niveles de crecimiento económico.

Entre los factores que impactan negativamente nuestros indicadores sanitarios cabe destacar la baja inversión pública en salud, la mercantilización excesiva de los servicios privados y los problemas de calidad asociados a la atención en salud, éstos últimos agravados por la impunidad que protege a los proveedores en casos de negligencia y malas prácticas. En el caso de las mujeres, a los factores anteriores se suma la baja prioridad que las autoridades otorgan a la salud sexual y reproductiva y a la prevención de la violencia, tanto en términos presupuestarios como de políticas públicas.

Consideremos las siguientes cifras: el presupuesto nacional del 2015 asigna apenas un 2.0% del PIB al gasto público en salud, cifra que representa un retroceso en comparación con años anteriores y que nos coloca muy por debajo del promedio regional para América Latina. En el 2012, por ejemplo, destinamos a ese renglón el 2.76% del PIB, cifra todavía muy inferior al promedio regional de 4.1%, que ese año nos colocó en el puesto 115 de 176 países en el ranking del BID. Los países desarrollados, por el contrario, destinan literalmente el doble a la salud de su población: en contraste con el 2% de RD y el 4% de la región, los países de la OECD destinan en promedio el 8% de su PIB al gasto público en salud[1].

El problema de la mercantilización excesiva de la salud quedó claramente evidenciado el mes pasado, cuando la Cámara de Diputados aprobó por fin un proyecto de ley que reduce el margen de ganancias de las ARS de un 30% a un 15% anual. Esta tasa todavía resulta obscena en un país donde un número no determinado, pero a todas luces elevado, de asegurados muere cada año por falta de acceso a medicamentos y a servicios médicos de calidad que son denegados sistemáticamente por las aseguradoras. Sin importar lo que diga la Constitución, la salud nunca será un derecho ciudadano mientras las ARS, las clínicas, los médicos y demás proveedores del sector utilicen la salud como una mercancía más, una simple oportunidad para el lucro. Ni qué hablar de los no asegurados, donde predomina la población más pobre, que recibe los servicios más deficientes e insuficientes.

La situación de la mortalidad materna ejemplifica claramente el impacto de los problemas de calidad y de impunidad en la atención de salud. Hasta los organismos estatales hace años que reconocen que la principal causa de la elevada mortalidad materna en el país es la baja calidad de los servicios obstétricos ofrecidos por los establecimientos públicos, como consignan múltiples informes oficiales, a saber:

“Se considera que la atención que reciben las mujeres embarazadas en los centros hospitalarios no es la adecuada por incumplimiento de las normas de calidad, junto al ausentismo del personal que debe estar presente en las labores de parto, que con frecuencia delega sus responsabilidades en personal no especializado, sin la formación necesaria (auxiliares, estudiantes internos y personal médico pasante o residente)…”[2]

Aunque las causas del problema se conocen desde hace años, en el país siguen muriendo cerca de 200 mujeres cada año sin que las autoridades de salud se decidan a enfrentar la situación. En el 2014 la mortalidad materna superó la suma de todas las enfermedades de control epidemiológico y bajo vigilancia especial, con excepción de la mortalidad infantil, registrándose 179 muertes maternas. La suma total de muertes por todas las demás enfermedades fue de 158.

La impunidad de que gozan los proveedores del sector salud impactan los resultados sanitarios a muchos niveles. Ejemplo de esto es la ausencia de sanciones o la aplicación de medidas regulatorias dirigidas a reducir nuestras escandalosas cifras de cesáreas: el 56% de todos los nacimientos ocurren por cesárea, lo que nos convierte en el país con la tasa más alta del mundo. Mientras la OMS recomienda un máximo de 15%, en RD el 42% de los nacimientos en establecimientos públicos y un increíble 87% de los nacimientos en clínicas privadas ocurren por cesárea, factor que incrementa la morbi-mortalidad materna, eleva innecesariamente los costos del sistema de salud y viola el derecho de la embarazada a una atención de calidad.

Igualmente escandalosa resulta la impunidad con que operan los proveedores de cirugías estéticas, donde a pesar de las múltiples muertes registradas año tras año todavía no hay precedente alguno de condena judicial a médicos o dueños de clínicas por esta causa.

Es innegable que el gasto público en salud resulta muy insuficiente, pero como muestran los ejemplos anteriores, la falta de voluntad política sigue siendo un obstáculo fundamental. Las altísimas cifras de violencia de género son fiel testimonio de la escasa prioridad que siguen recibiendo las necesidades de salud de las mujeres, a pesar de la gravedad de la situación y su empeoramiento progresivo a lo largo de la última década. Lo mismo puede decirse en relación al embarazo adolescente: tras años de estudio y debate en relación al tema, seguimos sin educación sexual escolar, sin distribución de condones y píldoras a través de las boticas populares, sin programas efectivos de prevención.

Ante esta situación, la Colectiva Mujer y Salud entiende impostergable la puesta en marcha de políticas públicas dirigidas a mejorar las condiciones de salud de la población, especialmente la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Entre las medidas a tomar se incluyen las siguientes:

· Un incremento significativo de la inversión pública en salud como porcentaje del PIB, que nos acerque al promedio para la región latinoamericana;

· La implementación efectiva del Plan Nacional de Reducción de la Mortalidad Materna, que libre a nuestro país de la vergüenza que suponen las casi 200 muertes maternas que ocurren cada año;

· Que el Ministerio de Salud tome medidas para enfrentar la impunidad en los casos de negligencia y malas prácticas médicas, particularmente –aunque no exclusivamente- en lo referido a la mortalidad materna y las cirugías estéticas;

· Que el Ministerio de Salud defina e implemente una política dirigida a reducir el uso abusivo de las cesáreas, tanto en el sector público como en el privado;

· La implementación efectiva de las normativas de salud relativas a la violencia de género, de forma tal que el Ministerio de Salud, en coordinación con otras instancias, juegue el rol que le corresponde en la prevención, detección y atención de la violencia contra las mujeres.

Colectiva Mujer y Salud
Abril 7, 2015

[1] Las cifras citadas pueden ser consultadas en: Gasto Público en salud, http://www.datosmacro.com/estado/gasto/salud/republica-dominicana; Presupuesto de salud 2015, http://www.saludysociedadcivil.org.do/index.php/actualidad/noticias/item/270-presupuesto-de-salud-publica-sera-del-2-del-pib-en-el-2015/270-presupuesto-de-salud-publica-sera-del-2-del-pib-en-el-2015; el gasto en salud en América Latina (BID), http://blogs.iadb.org/salud/2014/06/03/el-gasto-de-salud-en-america-latina-engorda-pero-su-capacidad-financiera-no-gana-tantos-kilos/)

[2] La cita es de Objetivos de Desarrollo del Milenio. Informe de Seguimiento 2010. República Dominicana. Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Santo Domingo, noviembre de 2010. http://www.undg.org/docs/11721/Informe-Objetivos-de-Milenio-2010.pdf . El Informe de Seguimiento 2013 (Op. Cit) reitera el señalamiento en torno a la calidad.

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