FELABEL cuestiona actuación del Ministerio Público en caso de Héctor Eduardo Pichardo Hernández

3 mayo, 2015 at 16:35 Deja un comentario

El estudiante de ingeniería de la UASD fue condenado a 10 años de prisión por la muerte del coronel Suárez Cordero

Romer Ayala ofrece declaraciones a la prensa.

Romer Ayala ofrece declaraciones a la prensa.

SANTO DOMINGO.- Una comisión de dirigentes del FELABEL entregó un documento en la Procuraduría General de la República, en el que cuestiona la actuación del Ministerio Público en el sistema de Justicia, indicando que se ve imposibilitado de cumplir su verdadero rol porque está apegado a intereses políticos y que muchas veces es “instrumento” de la Policía Nacional en la comisión de actos delictivos.

Romer Ayala, vocero del FELABEL, al ofrecer declaraciones a la prensa, dijo que el sistema de justicia dominicano colapsó y que corresponde a los fiscales la mayor responsabilidad.

“Es evidente que el sistema de justicia en República Dominicana, ha colapsado, correspondiendo la mayor responsabilidad a la ruptura del Estado de Derecho, a las actuaciones perversa de los fiscales y, en sentido general, del Ministerio Público, que para fabricar expedientes e inventar pruebas a los pobres, son muy eficientes”, manifestó Romer Ayala.

El portavoz del FELABEL habló del caso específico del dirigente estudiantil Héctor Eduardo Pichardo Hernández, estudiante de Ingeniería Civil en la UASD, quien se encuentra en prisión preventiva desde hace dos años y cuyo proceso judicial ha sufrido 26 reenvíos, 5 de los aplazamientos en apelación, recurso depositado hace diez meses, sin que hasta el momento los jueces hayan podido abocarse a su conocimiento.

Pichardo Hernández fue condenado en primera instancia a 10 años de prisión mediante sentencia 157-2014 del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, la cual favoreció con el descargo puro y simple de los también estudiantes de la UASD, Diógenes Isidro Gutiérrez, Víctor González y Wilson Dalcier Nicasio, y el comerciante Eddy Bonilla, contra quienes el Ministerio Público presentó acusación por alegada participación en la muerte de coronel Julián Suárez Cordero, ocurrida en las inmediaciones de la UASD, el 23 de abril de 2013.

A continuación, el documento completo dirigido por el FELABEL al Procurador de la República, Francisco Domínguez Brito, y entregado en la oficina del magistrado, en víspera del conocimiento de la apelación a la sentencia de Héctor Pichardo, audiencia que tendrá lugar este jueves, en la Segunda Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, en el Centro de los Héroes de esta ciudad Capital.

Lic. Francisco Domínguez Brito,
Procurador General de la República,
Santo Domingo, D.N.

Su Despacho.-

Distinguido Magistrado:

El pasado jueves 9 de abril del año en curso, familiares, amigos y compañeros del dirigente estudiantil Héctor Pichardo, quien durante dos años ha enfrentado la acusación en el caso del coronel Julián Suárez Cordero, asistimos a la audiencia de apelación que en su favor que conocería la Segunda Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Para todos, fue grande y desconcertante, que el Ministerio Público solicitara al tribunal, que preside el magistrado Ramón Horacio González Pérez y que integran además los jueces Pedro Sánchez Rivera y Luis Omar Jiménez, el aplazamiento de la audiencia motivado por la ausencia del coronel Julio Justino Rodríguez, víctima y querellante en el proceso, tras informar que el dicho oficial se encontraba en Bonao, sofocando protestas en contra de la corrupción e impunidad, que importante es precisar, que ese acontecimiento tuvo lugar dos días antes.

Se trató del quinto reenvío de la audiencia de apelación no fue algo fortuito, ciertamente creemos que se trata de una maniobra, una más que se adhiere a un plan que se viene dando desde hace 10 meses, correspondiente al recurso de apelación del estudiante de ingeniería Héctor Pichando no se conozca, algo que a todas luces, se puede considerar como una denegación de justicia y que a la misma vez violenta lo que establece el artículo 8 del Código Procesal Penal, que establece que“toda persona tiene derecho a ser juzgada en un plazo razonable y a que se resuelva en forma definitiva de la sospecha que recae sobre ella”.

Creíamos que era cosa del pasado la violación a preceptos constitucionales, como el reenvío adrede de audiencias, pero resulta que es lo que amargamente sufren la mayoría de los prevenidos y sus familiares en los tribunales de la República, a un alto costo económico y emocional.

En el caso particular del estudiante universitario, Héctor Eduardo Pichardo, el representante del Ministerio Público ha alegado situaciones que son de su entera responsabilidad o de la parte acusadora, como lo es la ausencia de sus testigos, cuya presencia deben garantizar las partes; la ausencia del abogado de la parte acusadora, por supuesto problema de salud, sin presentar certificado médico alguno, entre otras excusas que a todas luces buscan alargar el proceso.

Señor Procurador, como jóvenes deseosos de una mejor sociedad con justicia social le hemos venido dando seguimiento a sus declaraciones críticas sobre el actual estado del sistema judicial de la Republica Dominicana, en las que ha indicado que “está en juego el futuro como estado democrático y derecho, el futuro de la moral como sociedad y de la propia clase política”, siendo el Ministerio Público quien debe velar para que esto se cumpla en nuestro país, se ve imposibilitado porque están apegados a intereses políticos y muchas veces funciona como un instrumento de la Policía para la comisión de actos delictivos.

Es evidente que el sistema de justicia en República Dominicana, ha colapsado, correspondiendo la mayor responsabilidad a la ruptura del Estado de Derecho, a las actuaciones perversa de los fiscales y, en sentido general, del Ministerio Público, que para fabricar expedientes e inventar pruebas a los pobres, son muy eficientes.

Resulta ser que hasta el día hoy ni la Policía ni el Ministerio Público han presentado ninguna prueba basada en el artículo 26 del código procesal penal que expresa muy claro que“todo los elementos de prueba solo tienen valor si son obtenidos e incorporados de manera licita al proceso”y en el juicio de fondo a los estudiantes de la UASD acusados en el caso del Coronel Julián Suárez Cordero, quedó demostrado que las pruebas presentadas por la Policía Nacional y el brazo acusador del estado, fueron fruto del “árbol envenenado”.

“Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía”, dijo Séneca, que es lo mismo que decir “Justicia tardía es denegación de justicia”, y es precisamente lo que hace el Ministerio Público con la dilación de los procesos, y lo que ha practicado en el caso de Héctor Pichardo. lo que nos mueve a exigir garantías a sus derechos individuales y constitucionales, que ha estado violados de forma flagrante en el caso del dirigente estudiantil.

Nuestra organización estudiantil exige que se conozca sin mayor dilatación el recurso de apelación a favor del dirigente estudiantil Hector Pichardo y abogamos por una evaluación y profilaxis de unos de los actores del sistema judicial de Republica Dominicana, muy especialmente el Ministerio Público, en nuestro país quien está llamado a garantizar los Derechos Fundamentales, pero que hace todo lo contrario, se escuda en tan importante estamento del Sistema de Justicia para traduciéndose en malas actuaciones.

Sin otro particular, a la espera que usted valore nuestra observaciones críticas sobre el Ministerio Público, y de que en lo adelante haya plenas garantías de respeto al debido proceso y a los derechos del dirigente estudiantil y estudiante de la UASD, Héctor Eduardo Pichardo,

Muy atentamente,

Dirección Universitaria
Frente Estudiantil de Liberación Amín Abel (FELABEL)

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