Solo les interesa la fachada democrática

16 septiembre, 2015 at 11:29 Deja un comentario

Ponencia presentada por Max Puig, presidente de Alianza por la Democracia (APD), en el ciclo de debates sobre la Ley de Partidos organizado por la Facultad de Ciencias Políticas y Jurídicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y RedSocialRD, el 3 de septiembre de 2015.

Max Puig, presidente de la APD.

Max Puig, presidente de la APD.

SANTO DOMINGO. Se me ha invitado a exponer mi posición y la del partido que presido, Alianza por la Democracia (APD), sobre el tema de la Ley de Partidos.

Nuestra posición al respecto se encuadra dentro de una visión de conjunto de la sociedad dominicana y su sistema político.

Paso a explicar la manera como, desde nuestro punto de vista, es gobernada la República Dominicana.

El sistema político real de nuestro país está organizado sobre la base del clientelismo. El sistema se fundamenta en el intercambio de prestaciones y favores, lo que implica la compra de adhesiones, con independencia de lo establecido en la Constitución y las leyes.

Un sistema de este tipo es costoso y va aparejado a la corrupción; el dinero que lo mueve se obtiene, en lo esencial, de forma ilícita. El enriquecimiento ilícito de los dirigentes políticos y el uso, ilegal e ilegítimo de los recursos públicos, permite su funcionamiento.

Este sistema político clientelista y, por ende, corrupto permite la reproducción de un orden social profundamente desigual e injusto. Para muestra basta un botón. Los diarios de esta mañana reseñan un discurso pronunciado ayer por el gobernador del Banco Central. Entre las afirmaciones del alto funcionario se destaca que el ingreso promedio real de los trabajadores dominicanos en 2014 es prácticamente igual al de 1991, a pesar de que entre estos años la productividad aumentó en un 65.5 %.

Esto significa que durante este período el resultado o producto del crecimiento económico y del incremento de las riquezas se concentró en el factor capital, en detrimento del factor trabajo.

Recuerdo, por si acaso se nos ha olvidado, que República Dominicana es uno de los países de América Latina de mayor desigualdad social en América Latina, la que a su vez es la región de mayor desigualdad social del mundo.

Para mantener la condición de la República Dominicana de ser, al mismo tiempo, campeona en crecimiento económico y en desigualdad social se necesita de un sistema político que garantice la alta concentración de la riqueza y la constante reproducción de la pobreza. Nos desenvolvemos precisamente dentro de ese sistema político, al final de cuentas antidemocrático.

La no modificación de la Ley General Electoral, a pesar del mandato de la Constitución de 2010, así como la imposibilidad de aprobar una Ley de Partidos digna de tal nombre, han sido y  son elementos clave para mantener la inmovilidad del sistema político y garantizar que los que mandan sigan mandando.

Recientemente se acaba de demostrar, una vez más, que aquí se puede modificar la Constitución en unas cuantas semanas y que es imposible aprobar una ley de partidos en quince años. La Ley de Partidos está bloqueada desde hace más de tres lustros por las fuerzas políticas que controlaban y siguen controlando los mecanismos de elaboración y aprobación de las leyes.

En el pasado mes de febrero el presidente de la Junta Central Electoral, insistió en que la no aprobación de las leyes de Régimen Electoral y de Partidos constituía, según dijo: “una seria amenaza para la sanidad de las próximas elecciones generales  del 15 de mayo del año 2016 y por ende para la democracia de la República”.

Advirtió igualmente que la no aprobación de estas leyes afectaría la organización de los comicios agregando que, “en las actuales circunstancias la calidad de la representación política que surja de las urnas descansará más en la fuerza del dinero que en la fuerza de las convicciones y las ideas”.

Al mismo tiempo, puntualizó que la ausencia de un marco jurídico actualizado le impide a la Junta Central Electoral avanzar como lo demandan estos tiempos en la regulación  del uso de los recursos públicos y privados, de la propaganda y del activismo electoral en sentido general.

No estoy de acuerdo con el planteamiento del presidente de la JCE de que la no modificación de la Ley General Electoral y la no aprobación de la Ley de partidos ate a ese organismo al punto de hacerle inoperante.

La Constitución de la República y la legislación vigente le otorgan facultades reglamentarias a la JCE para garantizar comicios equitativos y justos. Otro asunto es que esta institución pública no quiera ejercer o no se considere en medida de ejercer estas facultades.

De todas maneras, ante la declaratoria de impotencia de la Junta queda claro que la no aprobación de las dos leyes acarrea como consecuencia la consagración de un sistema electoral fundamentalmente inequitativo e injusto, antidemocrático.

La verdad es que en la República Dominicana no están debidamente garantizadas la equidad ni la transparencia en materia político-electoral. Como señalara recientemente en comunicado público un conjunto de organizaciones políticas: “el uso de los recursos del Estado en beneficio de quienes detentan el poder es una realidad cotidiana y omnipresente; la legislación vigente tiene serias lagunas que favorecen la impunidad de los delitos electorales; se mantiene relegadas y subordinadas las mujeres; se permite la preeminencia del dinero (de cualquier origen que sea) en la elección de las autoridades y representantes; se tolera la burla de la democracia al interior de los partidos, y no se le otorgan a la Junta Central Electoral facultades indispensables para frenar los más graves abusos que distorsionan la expresión de la voluntad popular”.

Al hacerse patente la necesidad y crecer el reclamo a favor de mejorar el sistema electoral y de establecer una ley de partidos, el partido de gobierno quiso utilizar su mayoría mecánica en las cámaras legislativas para hacer aprobar una pretendida ley de partidos que dejaba prácticamente intacto el inequitativo y poco transparente sistema electoral y el régimen de partidos vigentes.

El rechazo generalizado de la ciudadanía y de la mayoría de las organizaciones políticas, obligó al partido de gobierno a renunciar al proyecto de ley que pretendía hacerse aprobar como traje a la medida.

A raíz de ese rechazo tres partidos políticos, los llamados  tradicionales, se pusieron de acuerdo entre sí en un nuevo proyecto de Ley General de Partidos, al cual se le adicionó un artículo transitorio hasta la aprobación de una modificación de la Ley General Electoral.

Esa ley de partidos de los tres, aprobada en la Cámara de Diputados y enchivada en el Senado, deja fuera aspectos esenciales orientados a garantizar la transparencia en cuanto al origen y uso de los recursos que reciben los partidos para su financiamiento; obvia el tema de la equidad con relación al uso de los medios de comunicación, y mantiene a las mujeres en una situación de discriminación con relación a su acceso en condiciones de equidad a las posiciones directivas en los partidos y a las candidaturas electorales.

La ley de los tres deja de lado el tema de la rendición de cuentas. No se ocupa ni por asomo de establecer topes en el financiamiento privado y no permite establecer controles para fiscalizar el origen de los ingresos de las organizaciones políticas.

En una democracia digna de este nombre es esencial que se obligue a los partidos a informar quiénes son sus donantes, aspecto que había sido propuesto por la propia Junta Central Electoral en el proyecto de ley que esta había presentado. Mantener el silencio de la ley en una cuestión tan crucial como ésta significa abrir de par en par las puertas del sistema político al dinero proveniente del narcotráfico, del crimen organizado, del lavado o de cualquier otra fuente ilícita.

Tampoco se regula el uso de los medios de comunicación, a fin de garantizar el acceso en condiciones de equidad a todas las fuerzas políticas. En el sistema electoral dominicano un grupo político dotado de los recursos financieros suficientes, independientemente de su origen y legitimidad, puede comprar y utilizar a su antojo los espacios de radio y televisión que quiera. Esta es una situación completamente inadmisible en cualquier sociedad medianamente democrática.

La ley de los tres tampoco establece un régimen de consecuencias. No se fijan sanciones claras y ejemplarizadoras contra quienes idean, organizan y ejecutan crímenes electorales que solo tienen como propósito perpetuar su permanencia ilegítima en las instancias del Estado a quienes los promueven.

La ley de los tres permite que se siga relegando a las mujeres, excluyéndolas del lugar legítimo que les corresponde en el ejercicio de todas las facetas del quehacer político.

En definitiva, el propósito de la ley de los tres no es regular nada. Su objetivo es precisamente el contrario, dejar las cosas como están para que se pueda seguir reproduciendo sin trabas un sistema político inequitativo y poco transparente, que es el que tenemos porque es el que garantiza la permanencia del sistema económico y social injusto en que vivimos y mantiene condenados a la pobreza y a la extrema pobreza a prácticamente la mitad de los dominicanos y dominicanas.

No nos llamemos a engaño, lo que les interesa a esos partidos y a los grupos económicos y sociales que los respaldan es la fachada democrática, no la democracia. Han querido, nada más, utilizar un taparrabos para cubrir sus vergüenzas.

Santo Domingo 3 de septiembre de 2015.

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