Socialistas rechazan asesorías a la reforma policial de instituciones cuestionadas por violaciones a los derechos humanos

SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA. A propósito de la reunión del presidente Abinader con una delegación de Carabineros de Chile, encabezada por su general director Ricardo Yáñez Reveco, el 5 de enero en el Palacio Nacional, el Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores (MST) rechazó el convenio por medio del cual esa institución asesorará la reforma policial.

A juicio del MST, los convenios con cuerpos policiales cuestionados por su escandalosa trayectoria en materia de violaciones a los derechos humanos, “no solo de Chile sino también de Colombia y el Estado español, evidencian que el gobierno de Abinader no tiene ningún interés en poner fin a la corrupción, la brutalidad y las ejecuciones extrajudiciales que caracterizan a la Policía Nacional”.

El MST recordó que Yáñez fue imputado en abril de 2021 por delitos de lesa humanidad perpetrados durante el estallido social de 2019 en Chile. “Era jefe de la Dirección de Orden Público durante la represión, en la que asesinaron alrededor de veinte personas, realizaron más de seis mil detenciones arbitrarias e hirieron a más de tres mil personas, muchas de ellas mutiladas por disparos de perdigones y balas de goma que arrancaron los ojos a sus víctimas. Además, realizaron torturas y violaciones sexuales”.

Los Carabineros fueron un soporte importante de la dictadura de Pinochet entre 1973 y 1990. Además de los crímenes cometidos en 2019 durante el estallido social, cuando el apoyo a la institución cayó a alrededor del 15%, #Carabineros acumula una serie de escándalos recientes, entre ellos el “Pacogate”, en el que se robaron decenas de millones de dólares, por el que fueron enjuiciados 136 policías, incluido un ex general”, señaló la organización de izquierda.

También arremetieron contra el acuerdo con la policía española. “Según Amnistía Internacional, en el Estado español desde hace años las fuerzas represivas vienen ejecutando torturas y malos tratos que luego no se investigan ni se castigan y se registra un aumento de las torturas policiales con motivación racista”, destacaron.

El MST afirma que la asesoría de la Policía Nacional de Colombia a la reforma policial es incluso más grave. “Desde hace décadas está ampliamente documentada la participación de policías y militares de ese país en la política paramilitar, el narcotráfico, miles de asesinatos de dirigentes sociales, masacres de jóvenes y campesinos, violaciones, torturas y desapariciones forzadas.

El conflicto interno en Colombia dejó más de 260 mil muertos, en su mayoría civiles, y más de 80 mil desaparecidos, entre 1958 y 2018. En su enorme mayoría las fuerzas paramilitares de extrema derecha aliadas al Estado y los cuerpos represivos policiales y militares fueron los victimarios. El general Santoyo, el oficial policial de mayor rango extraditado a Estados Unidos, confesó en 2012 que asesoró y apoyó la organización de grupos paramilitares terroristas de extrema derecha a cambio de sobornos.

Consideran que en vez de asesorarse con violadores de derechos humanos, el gobierno debería escuchar al pueblo: “Mientras no se tome en cuenta las opiniones de la sociedad, especialmente de las miles de víctimas de la brutalidad policial, mientras no haya justicia y no se disminuya el poder de la institución represiva, no se podrá hablar de una verdadera reforma policial. Exijamos que se desmilitarice la policía, que se recorte el presupuesto represivo, y que verdaderamente se ponga fin a la impunidad, la corrupción policial y las ejecuciones extrajudiciales”, concluyó el MST.

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