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Decisión de no prorrogar dicha legislación no figuraba en el texto del discurso, fue agregada de forma oral

Danilo Medina ante la Asamblea Nacional.

Danilo Medina ante la Asamblea Nacional.

SANTO DOMINGO. En su discurso de rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional, el presidente Danilo Medina advirtió este viernes que no habrá más prórroga de la Ley 169-14, que establece un régimen especial para personas nacidas en el territorio nacional inscritas irregularmente en el Registro Civil dominicano y sobre naturalización, cuyo plazo para que los beneficiarios y beneficiaria se inscribieran venció el pasado 2 de febrero.

Con la decisión el mandatario complace a sectores ultranacionalistas aliados al gobierno, que habían demandado del jefe del Estado rechazar la solicitud de organizaciones defensoras de los derechos de los y las inmigrantes, que denunciaron trabas impuestas a las personas que debían ser favorecidas con la citada legislación y que impidieron sus solicitudes fueran aceptadas, por lo que solamente se registraron 8,755 personas.

La posición del Gobierno, anunciada por Medina, de no dar una nueva prórroga para la vigencia de la Ley 169-14 no estaba contemplada en el texto del discurso (ver vídeo) , sino que el gobernante la agregó oralmente, luego de leer el párrafo que establecía “ese plazo que inicialmente se estableció por 90 días, fue prorrogado por 90 días más y venció el 2 de febrero recién pasado”, al que le agregó de forma enfática “y no será prorrogado”, tras lo cual recibió una gran ovación de la concurrencia al solemne acto.

“Las personas que debieron acogerse a la parte B de la ley 169-14 y no lo hicieron, ya no podrán recibir los derechos contemplados en esa ley”, puntualizó el gobernante dominicano.

De igual manera, el presidente Medina afirmó que tampoco será prorrogado el plazo para acogerse aPlan Nacional de Regularización de Extranjeros, que estará vigente hasta el 16 de junio de este año y que al decir del jefe del Estado “al día de hoy, más de 150,000 personas han iniciado su proceso de regularización, de los cuales más de 40,000 se ha comprobado que sus papeles están en orden y cumplen con todos los requisitos”.

A continuación el texto del discurso del presidente Mediante, con la parte relacionada a este tema.

“Señoras y señores:

Estamos construyendo, entre todos, un país con verdadera igualdad y justicia social. Un país sin exclusión y sin discriminación, pero también un país ordenado, riguroso y en el que debe imperar el cumplimiento de la ley. Durante décadas el Estado dominicano arrastró serias deficiencias institucionales y legales en esta materia. Por lo que los problemas se fueron acumulando, sin que ningún gobierno ordenara nuestro sistema migratorio de manera permanente.

Ya en 1966, el entonces Presidente Dr. Joaquín Balaguer señalaba la falta de una política inmigratoria inspirada en los intereses de la República.

Conscientes de esa necesidad, decidimos actuar con responsabilidad y poner en marcha el plan de regularización y documentación más ambicioso que se haya realizado, no solo en nuestro país sino, me atrevería a decir, en todo el continente. Decidimos asumir el tema migratorio como un asunto esencial para el presente y futuro de la República Dominicana. Como lo demuestran las medidas implementadas en 2014, que han contado con un amplio consenso nacional y con la colaboración activa de este Poder Legislativo:

En primer lugar, la puesta en vigencia del Plan Nacional de Regularización de extranjeros en situación migratoria irregular, contenido como mandato desde el año 2004 en la Ley General de Migración, pero no oficializado hasta noviembre de 2013. Al día de hoy, más de 150,000 personas han iniciado su proceso de regularización, de los cuales más de 40,000 se ha comprobado que sus papeles están en orden y cumplen con todos los requisitos. Y pronto serán dotados con el tipo de documento que les corresponda. En segundo lugar, la Ley 169-14, que establece un régimen especial para personas nacidas en el territorio nacional inscritas irregularmente en el Registro Civíl dominicano y sobre naturalización.

Esta iniciativa, concebida tras un minucioso proceso de consulta con todos los sectores sociales del país, recibió el apoyo unánime del Congreso Nacional y tiene dos objetivos claros: Primero, resolver la situación de aquellos descendientes de padres extranjeros en situación migratoria irregular, que contaban con documentos expedidos por las autoridades de nuestro país, que los acreditaban como dominicanos.

Esta ley convalida esa documentación, siempre y cuando los beneficiarios no tuvieran participación directa en la irregularidad documental. El segundo objetivo de esta ley es brindar un espacio a aquellas personas, nacidas en territorio dominicano, con ambos padres extranjeros y que nunca fueron inscritos en las Oficialías del Estado Civil.

A estos se les dio un plazo para inscribirse como extranjeros para, posteriormente, pasar al plan de regularización y, si lo desean, en un plazo de dos años, optar al proceso de naturalización ya establecido. Ese plazo que inicialmente se estableció por 90 días, fue prorrogado por 90 días más y venció el 2 de febrero recién pasado. En este proceso se inscribieron 8,755 personas.

Junto a estas iniciativas legislativas, como recordarán, establecimos mecanismos de trabajo conjunto con Haití, para que sus ciudadanos residentes en nuestro país pudieran regularizar su situación documental.

Con este mismo objetivo, el pasado Septiembre acudimos a la Asamblea General de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York. Y desde esa tribuna global hicimos un llamado a la comunidad internacional, a fin de que pasaran de las palabras a los hechos y no se olvidaran de nuestro país vecino. De que le extendieran una mano solidaria, para que, entre otros aspectos, el gobierno de Haití esté en condición de dotar a sus nacionales de la documentación.

En definitiva, nadie puede poner en duda que el conjunto de medidas impulsadas por este Gobierno supone una de las mayores iniciativas en materia de reconocimiento de derechos realizada en las últimas décadas y es, además, una oportunidad única de modernizar nuestros registros, mejorar el control fronterizo y reforzar, mediante la legalidad, la seguridad en nuestro territorio.

Estamos haciendo un gran esfuerzo de nación, trabajando conjuntamente con países amigos, como Estados Unidos o la Unión Europea, además de diferentes instituciones como Naciones Unidas, ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones, para localizar a todos los posibles beneficiarios de este plan y orientarlos. Se han abierto 24 oficinas en todo el territorio nacional y se ha realizado una campaña de comunicación por diferentes medios, durante meses. De la misma forma, hemos trabajado de la mano con las organizaciones de la sociedad civil especializadas en temas migratorios, para garantizar el éxito del proceso y dar seguridad y confianza a todos los participantes. Todas estas acciones muestran, de forma incontrovertible, la firme voluntad del Estado Dominicano de llevar a cabo con éxito este plan de regularización.”

Las personas que debieron acogerse a la parte B de la ley 169-14 y no lo hicieron, ya no podrán recibir los derechos contemplados en esa ley. Pero como saben el plazo de vigencia del plan de regularización para las personas que residen en el país de manera irregular, que se otorgó por 18 meses, estará vigente hasta el 16 de junio de este año. Todavía quedan cuatro meses en lo que nos gustaría animar a todos aquellos que quieran colaborar con esta iniciativa a darnos su apoyo. De la misma forma, a todas aquellas personas que se encuentren irregularmente en nuestro país y que llegaron antes de 2011 les digo: acérquense a las oficinas e inicien su proceso.

Esta es su oportunidad de legalizar su estatus y vivir con tranquilidad.

Señoras y señores: Dicho todo esto, quiero dejar claro también que ninguna nación del mundo, ni ningún organismo internacional, puede exigir a la República Dominicana que en materia de régimen migratorio, ni de ningún otro derecho soberano, asuma sacrificios al margen de lo que su ordenamiento constitucional y legal prevean. Y nadie puede albergar la más mínima duda, de que una vez concluya la ejecución de los instrumentos de regularización previstos en la normativa migratoria, no habrá más prórrogas, por tanto los extranjeros de cualquier nacionalidad sin regularizar, estarán sujetos a los procedimientos establecidos por la ley, siempre en el marco más absoluto del respeto a la dignidad de las personas.

Enlace con texto completo del discurso del presidente Danilo Medina ante la Asamblea Nacional http://es.scribd.com/doc/257129851/Discurso-de-Rendicion-de-Cuentas-del-Presidente-Danilo-Medina-27-de-Febrero-de-2015

Palacio Nacional.

Palacio Nacional.

SANTO DOMINGO. El presidente Danilo Medina promulgó la Ley 520-14 que extiende por 90 días el plazo previsto en el artículo 6, párrafo I de la Ley 169-14.

En virtud de esta ley, las personas descendientes de padres extranjeros en condición migratoria irregular nacidos en el territorio nacional, no inscritos en el Registro Civil, podrán solicitar el registro y regularización migratoria contemplados en la referida ley y su reglamento de aplicación.

El plazo único de 90 días

“Se dispone un nuevo y único plazo de 90 días, el cual será computado a partir de la publicación de la presente ley en la Gaceta Oficial, para que las personas descendientes de padres extranjeros en condición migratoria irregular, que habiendo nacido en el territorio nacional, no figuran inscritas en el Registro Civil, puedan solicitar el registro y regularización migratoria contemplados en la Ley 169-14 y su reglamento de aplicación”, explica el texto.

Prioridad de la actual administración

En sus consideraciones, el Ejecutivo explicó que resulta prioritario para la presente administración del Estado, en cumplimiento de la Ley General de Migración 285-14, de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional y de la Ley 169-14, desplegar todos los esfuerzos a fin de que la compleja problemática de la migración en la República Dominicana se encauce por senderos de institucionalidad.

“A fin de atender las imprevisiones y deficiencias institucionales de las que históricamente hemos padecido en la materia”, se subraya en el documento.

Registro de alto interés para el Estado

Según expresa uno de los considerando de la nueva ley, el registro y regularización de este grupo de personas es de alto interés para el Estado dominicano.

Mediante la ley 169-14 promulgada el 23 de mayo de 2014, el Estado dominicano estableció un mecanismo para el referido registro y regularización de los descendientes de padres extranjero en condición irregural, pero no obstante los esfuerzos desplegados y recursos invertidos por el Gobierno, llegado el final del plazo establecido en dicha ley, el n[umero de personas registrado fue muy reducido.

Oportunidad de registro

En ese sentido, con la extensión del plazo en 90 días mediante la nueva ley 520-14, se procura dar oportunidad a dichas personas para que soliciten el registro y regularización migratoria que la misma contempla, “de modo que los propósitos que le dieron razón de ser a esta legislación puedan cumplirse cabalmente”.

Nota íntegra difundida por la Dicom.

Medios y periodistas han tergiversado la información, al publicar que el Estado dominicano ha sido acusado ant la CIDH

foto 2 (1)SANTO DOMINGO.– El Centro Bonó, junto a otras organizaciones de la sociedad civil que integran la plataforma Dominican@s x Derecho, aclaró que la solicitud de audiencia temática solicitada por ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no consiste en una acusación contra el Estado dominicano ni ninguno de sus funcionarios públicos en particular.

La CIDH es un órgano de la Organización de Estados Americanos (OEA) creado para promover la observancia y defensa de los derechos humanos en todo el continente americano. Para tal propósito cuenta con la facultad de solicitar a los gobiernos de los Estados que le proporcionen informes sobre las medidas que adopten en materia de derechos humanos.

La más relevante medida adoptada recientemente por los poderes públicos de la República Dominicana en materia de derechos humanos lo constituye la Ley 169-14, del 23 de mayo de 2014, que establece un régimen especial para personas nacidas en el país, hijos e hijas de extranjeros en situación migratoria irregular y sobre naturalización.

En tal sentido, en ocasión del 153º período de sesiones que celebrará la CIDH del 23 de octubre al 13 de noviembre del presente año, en su sede en Washington D.C., el Centro Bonó como parte interesada, dentro de la plataforma de Dominican@s x Derecho, solicitó una audiencia temática a los fines de invitar al Estado dominicano a un espacio de diálogo en el que se puedan dilucidar los límites, obstáculos y trabas que se han identificado en el contenido y aplicación de la Ley 169-14.

La audiencia temática fue concedida y pautada para el próximo viernes 31 de octubre, a las 2:00 pm., en la sede de la OEA, y constituye el espacio idóneo para que la CIDH reciba de parte del Estado dominicano los informes relativos a la aplicación de la Ley 169-14 y sus efectos respecto a la situación en que viven las personas afectadas por la Sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional. Todo ello con el propósito ulterior de salvaguardar a esta población el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales garantizados por nuestra Constitución y la Convención Americana de Derechos Humanos.

Finalmente, el Centro Bonó exhortó a los diferentes sectores de la vida nacional a no dejarse manipular por voces que tergiversan la información con una actitud irresponsable que persigue perpetuar un conflicto que debió concluir con la correcta aplicación de Ley 169-14, si hubiera sido aplicada de buena fe por las autoridades correspondientes.